Redacción EC

“Decrétase medida cautelar en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional los efectos del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020”, manda la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, al aceptar parte de la demanda de inconstitucionalidad del ciudadano Jonatan Mitchel Sisco Martínez.

El Presidente de la República emitió un decreto que alteró el principio de división de poderes, pues se autoatribuyó la función de decretar un estado de emergencia nacional, cuya declaratoria corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa”, dice el demandante.

Agrega que “Se inobservó el principio de supremacía constitucional, específicamente respecto del sistema de fuentes, porque el artículo 9 inciso 2° del Decreto n° 18 establece expresamente que tiene carácter especial y prevalecerá sobre cualquier disposición que le contraríe, inclusive sobre los procedimientos de adquisición y contratación establecidos en la LACAP, con base en lo dispuesto en el artículo 173 de dicha ley”.

Artículos violados y vulnerados, según la demanda: Artículos violados de la Constitución de la República: 86, inciso 1; 87, inciso 3; 131, ordinal 5; 142, lo que provocó vulneraciones en los artículos de la Constitución de la República: 86, inciso 1; 87, inciso 3; 131, ordinal 5; 142, 164, 167 ordinal 4, 246.

Sobre la competencia de poderes, que es la principal demanda, la corte falla de la siguiente manera: “Admítese la demanda ... a fin de que este tribunal declare la inconstitucionalidad por vicios de forma del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020, que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19, en relación con el artículo 131 ordinal 5° de la Constitución”

Agrega que esta admisión es “para determinar si la aprobación del aludido decreto ejecutivo materialmente implica una prórroga del Decreto Legislativo n° 593, de manera que su aprobación le corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa, función que fue ejercida por el presidente de la República sin justificación”.

También se admitió “la demanda presentada por el mencionado ciudadano, respecto de la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020, que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por 13 COVID-19, en relación con el artículo del 142 de la Constitución, sobre el principio de paralelismo de las formas, en el sentido de que el citado objeto de control reformó la vigencia del Decreto Legislativo n° 593, sin seguir el mismo trámite verificado para la creación del mencionado decreto legislativo”.

 

Suspensión los efectos de la prórroga gubernamental

“Mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido Decreto Ejecutivo n° 18”, mandata la Sala de lo Constitucional.

Asimismo le ordena al presidente de a República “rinda informe en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 14 427, de 16 de mayo de 2020, en relación con los artículos 131 ordinal 5° y 142 de la Constitución, por los motivos alegados por el solicitante de este proceso”.

Además le ordena a la Fiscalía General de la República que “por el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva, para que se pronuncie sobre la pretensión de inconstitucionalidad planteada por el demandante sobre los vicios de forma del referido Decreto Ejecutivo n° 18, en relación con los artículos 131 ordinal 5° y 142 de la Constitución

Asimismo la Sala ordena requerir “a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo que, con base en el artículo 86 inciso 1° de la Cn. –que contempla el principio de colaboración entre órganos en el ejercicio de sus funciones–, realicen un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate de la COVID-19, con el objeto de garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud y a la vida en todas sus dimensiones”.