Gobierno salvadoreño debe adherirse a convenio que defiende la Madre Tierra
Iván Escobar / EC
“¡Basta de falsas soluciones!”, fue la expresión que externaron las y los representantes de las organizaciones que integran la Coalición Nacional por el Derecho a vivir en un Medio Ambiente Sano (CONADAM) y el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo Escazú El Salvador, al tiempo que urgieron al gobierno del Presidente Nayib Bukele, adherirse a este convenio internacional en defensa de la Madre Tierra.
“Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, el imaginario de vida de los pueblos que habitan este territorio que hoy se llama El Salvador, no es el progreso que se vende como modernismo. Urge soluciones sustentables y duraderas”, expresaron este 31 de agosto las representaciones de organizaciones comunitarias, redes territoriales y ciudadanos que trabajan en la defensa de los territorios y cuido del medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a información ambiental, y garantiza: acceso a información, participación pública y el acceso a la justicia ambiental en asuntos ambientales en América Latina. Está basado en el principio 10 de la Declaración de Río, y se adoptó en 2018, entrando en vigencia el 22 de abril de 2021, hasta ahora 25 lo han suscrito, El Salvador todavía no es parte del mismo.
“Hacemos un urgente llamado al ciudadano presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a impulsar de pronta manera la adhesión del país al Acuerdo de Escazú”, expresan las organizaciones, luego de expresar su preocupación por los proyectos “de desarrollo” que están impactando negativamente en los ecosistemas y poniendo en riesgo los territorios.
“Las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra están en total desprotección”, reiteraron. Margarita Durán, de la Federación de Pueblos Originarios del Sur, es importante la pronta adhesión al acuerdo, “desde hace cuánto venimos de reunión en reunión y no se ha tomado con seriedad la justicia ambiental”.
“Es un acuerdo que acoge a las defensoras y defensoras ambientales”, precisó Victoria Chávez defensora ambiental y una de las que ha estado en los últimos años al frente de la defensa de El Cerrito, en Quezaltepeque, que poco a poco los están depredando la industria constructora, afectando a pobladores de la zona.
Chávez anunció con alegría, pero también con incertidumbre, que el juzgado ambiental, ha dado resoluciones respecto al caso de daño a El Cerrito.
“Dar medidas cautelares no garantiza que vayan a ser totalmente favorables, sin embargo veo que en esas medidas que la jueza ambiental está solicitando seriamente se evalúe los permisos ambientales y se investigue exhaustivamente”, puntualizó.
Este caso, es una muestra del daño ambiental que sufre el territorio salvadoreño, frente a las grandes empresas y que lastimosamente están protegidas por las normas nacionales, mientras que los territorios están vulnerables. “Hablamos de la perdida irreparables de la biodiversidad y daños a las personas directamente”, acotó en torno a este caso.
Por ello, las organizaciones enfatizan que “la imposición de megaproyectos genera y profundiza las múltiples crisis que ya está enfrentando el pueblo salvadoreño, teniendo como principales preocupaciones los impactos del cambio climático y los desastres”, concluyeron.
Las organizaciones peticionarias piden al Estado, y en este caso al gobierno central, adherirse al acuerdo, y dar con ello protección a mujeres y hombres que hoy están vulnerables, en su lucha por la defensa de la madre tierra.
